TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR ORDENA REUBICAR VENTAS DEL CENTRO DE CARTAGENA en Cartagena

EL UNIVERSAL
Cartagena - Actualidad
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR
Ordenan reubicar a ventas del Centro
Por orden del Tribunal Administrativo de Bolívar, el Distrito deberá enfrentar ahora una situación difícil: el desalojo de vendedores y la restitución del espacio público en el sector conocido como “Puerto Duro” y en la Avenida Luis Carlos López, en el Centro de la ciudad.
Al resolver una acción popular, la Sala de Decisión del ente judicial concedió 30 días a la administración Distrital para que diseñe y ejecute un programa de reubicación de los vendedores informales de la vía Daniel Lemaitre y Luis Carlos López, en las cuales debe el Distrito recuperar la totalidad de los andenes.
Según el Tribunal, al permitir el Distrito la ocupación de andenes y vías se le está violando el goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público a la comunidad cartagenera y los visitantes.
El Distrito, según ordena el Tribunal, no deberá desalojar sin antes resolverle la situación a los vendedores que están cobijados con el principio de confianza legítima, debido a la cantidad de años que tienen de estar ocupando el espacio público con la anuencia de las administraciones.
Con esta decisión, el Tribunal tumba una proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Cartagena, que denegó las pretensiones del abogado Tomás Chapuel, quien alegó que las ventas informales en los andenes en las citadas vías impiden la libre locomoción y restringen el acceso a los bienes de uso público, generando malestar en la comunidad.
OTROS PROCESOS
Similar proceso se llevaba a cabo en el Juzgado Cuarto Administrativo de Cartagena, donde através de una acción popular, otro ciudadano, pretendía el desalojo y la restitución del espacio público en zonas ocupadas por vendedores.
Este proceso culminó con la firma de un pacto de cumplimiento en diciembre de 2006, en el que el Distrito se comprometió a desarrollar el Acuerdo Marco para el Reasentamiento de Vendedores”, que a juicio de la Administración se ha venido cumpliendo.
LO QUE DICE EL DISTRITO
Según contestó el Distrito al Tribunal, no es cierto que no se hayan venido realizando esfuerzos para lograr la desocupación del espacio público, al contrario se habían invertido hasta diciembre de 2006, la suma aproximada de $4.789 millones para favorecer a vendedores con el reasentamiento en otras zonas de la ciudad, en arriendo de locales, construcción de módulos, otorgamiento de créditos, entre otras alternativas.
También señaló que desde 2005, el Distrito ha venido rerealizando actuaciones tendientes a la recuperación del espacio público, las cuales ha incluido todo tipo de convocatorias, concertaciones, reuniones y acuerdos con los ocupantes de espacios públicos cobijados con el principio de confianza legítima.


Un poco de historia
Son varios los fallos de acciones populares que han obligado al Distrito a tomar medidas respecto a la invasión del espacio público. Otros les han sido favorables.
Tres fallos proferidos por el Tribunal Administrativo de Bolívar y confirmados por el Consejo de Estado durante los años 2000 y 2001, obligaron al Distrito a desalojar vendedores de las aceras de la Avenida Venezuela, del Parque de Pescamar y a los que estaban en la plazoleta de las extintas Empresas Públicas, en el Centro.
Muchos de los vendedores se acogieron al plan de reconversión económica y fueron trasladados a otros lugares.
Pero también otros fallos han sido bondadosos con el Distrito. En el 2004, el Consejo de Estado revocó una sentencia del Tribunal Administrativo que ordenaba la restitución del espacio público ocupado en la Avenida Daniel Lemaitre, en inmediaciones del Banco del Estado.
El argumento del Consejo de Estado fue que la ocupación del espacio público por vendedores ambulantes debe examinarse en el contexto de la problemática socioeconómica por la que atraviesa la Nación, pues “para nadie es desconocido que se registra el más alto índice de desempleo de la historia con el consiguiente incremento de la economía informal”. Antes de desalojar había que determinar posibilidades de reubicación.
También en junio de 2004, el Tribunal Administrativo de Bolívar denegó una acción popular que pretendía la restitución del espacio público ocupado en las aceras que conducen a la Plazoleta de Telecom, en el Centro.